La infraestructura de transporte eléctrico de España (por ejemplo, líneas de alta tensión) está sometida a una presión sin precedentes. Más del 83% de los nudos de la red de distribución han alcanzado ya su límite de capacidad, y apenas una de cada diez solicitudes de acceso nuevas obtiene visto bueno. En los últimos años se han autorizado unos 43 GW adicionales de acceso (unos 12 GW para centros de datos y 11,3 GW para proyectos industriales, junto a vivienda, hidrógeno, recarga EV, etc.), casi el doble de la demanda punta nacional. Esta avalancha de permisos ha convertido la red en un cuello de botella: hoy la mayor parte de la infraestructura no dispone de capacidad libre y rechaza masivamente las nuevas peticiones.
Nuevos criterios técnicos de la CNMC
El problema se agrava por un cambio regulatorio reciente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado unas Especificaciones de Detalle para calcular la capacidad de acceso a la red (aplicables tanto a la distribución como al transporte). Bajo estas reglas, el estudio de capacidad incorpora tres enfoques: el estático (cálculo en régimen permanente), el dinámico (comportamiento ante perturbaciones) y la potencia de cortocircuito. Red Eléctrica (REE) toma siempre la situación más restrictiva. En la práctica, el nuevo criterio dinámico (que antes no se usaba sistemáticamente) ha reducido drásticamente la capacidad disponible en muchos puntos de la red. De hecho, en numerosos nudos la capacidad que ahora calcula REE resulta inferior a la que los distribuidores ya habían comprometido con clientes industriales y tecnológicos. Estas reglas más conservadoras buscan garantizar el suministro incluso en escenarios de mantenimiento o fallo, pero de entrada dejan en jaque a proyectos que habían sido autorizados bajo parámetros más laxes.
Derechos consolidados vs. “overbooking” técnico
Las compañías eléctricas recuerdan que los permisos de acceso ya concedidos son jurídicamente vinculantes: están respaldados por avales y autorizaciones firmes, por lo que revocarlos unilateralmente podría acarrear sanciones legales. Temen que, de aplicarse estrictamente los nuevos cálculos, se produzca un “overbooking” técnico: es decir, la red no podría atender simultáneamente a todos los clientes con derechos reconocidos bajo el nuevo criterio. En situaciones regulatorias previas (por ejemplo, en la fase de transición para la generación renovable) se optó por respetar los derechos adquiridos pese al cambio de normas, pero hoy el sector advierte que la acumulación de derechos con cálculos más restrictivos podría acabar en litigio si no se alcanza un acuerdo.
Impacto a medio plazo en la industria
Más allá del efecto inmediato sobre los proyectos ya en marcha, las eléctricas alertan del riesgo a medio plazo. Una vez se conecten los clientes actuales, la red quedará prácticamente cerrada a nuevas solicitudes durante años. Esto frenaría de golpe el desarrollo de nuevas fábricas, centros de datos, proyectos energéticos y hasta urbanizaciones, en un momento en que España necesita activar inversión industrial y vivienda. Según el sector, los proyectos con permiso de acceso suelen tardar entre 3 y 5 años en entrar en funcionamiento, un plazo que da margen para reforzar la red pero no evita el bloqueo inmediato de cualquier iniciativa inédita. Sin soluciones urgentes, la falta de capacidad dejará al país sin espacio eléctrico suficiente en un horizonte clave para la reindustrialización.
Demandas del sector eléctrico
Ante esta situación, las grandes compañías reclaman acciones urgentes y consensuadas con REE y distribuidores. Entre sus peticiones destacan:
- Permitir que las distribuidoras inviertan también en la red de transporte, para acelerar el refuerzo y modernización de la infraestructura.
- Publicar mapas de capacidad de transporte y distribución rigorosos y coherentes (respetando la capacidad real), evitando visiones distorsionadas del sistema.
- Flexibilizar provisionalmente la aplicación de los nuevos criterios técnicos para no paralizar los proyectos en curso.
- Incrementar de forma urgente las inversiones previstas en la planificación (cerrando brechas de retrasos acumulados), ampliando líneas y subestaciones donde sea necesario.
- Mejorar la transparencia sobre los grandes consumidores conectados directamente al transporte (por ejemplo, proyectos de hidrógeno o electrolizadores) y sobre el estado de ejecución de las ampliaciones de red.
Perspectivas y soluciones urgentes
En este momento, REE y las distribuidoras mantienen conversaciones técnicas y alegaciones ante la CNMC (que incluso estudia aplazar la salida de los primeros mapas de capacidad de transporte). El sector confía en que se alcance un acuerdo que permita encajar los derechos ya concedidos, honrando los permisos existentes. No obstante, muchos expertos subrayan que, sin un impulso real en inversiones y planificación, el problema de fondo seguirá vigente. La insuficiencia estructural de la red eléctrica española –demasiado limitada para absorber la nueva demanda industrial y tecnológica– no desaparecerá por sí sola. En definitiva, las eléctricas reclaman un compromiso claro: acelerar la ejecución de infraestructuras clave y aplicar soluciones técnicas transitorias, para evitar que la falta de capacidad frustre proyectos y ahuyente inversión en el país.
Fuentes: Informes sectoriales y noticias recientes explican cómo la combinación de permisos abundantes, nuevos criterios de capacidad y retrasos inversores han generado esta crisis (véase la CNMC y análisis de Aelec).